El Supremo rechaza establecer medidas cautelares contra Juan Carlos I


La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado la adopción de medidas cautelares solicitadas por la entidad soberanista catalana Òmnium Cultural contra el rey emérito. En una Providencia, la sala recuerda que «nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición se investigado», como es el caso de Juan Carlos l. Por el momento, solo hay abiertas unas diligencias abiertas en la Fiscalía del alto tribunal para aclarar si el monarca cobró comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE a la Meca y si ocultaba en Suiza una fortuna opaca al fisco español. Juan Carlos I, por tanto, no está oficialmente investigado (imputado), una condición que el rey solo adquiría si el alto tribunal decidiera abrir una investigación y citarle como encausado.

El martes, solo horas después de conocerse la decisión del emérito de abandonar España, Òmnium presentó ante el alto tribunal una petición para activar una búsqueda internacional a fin de conocer el paradero del exjefe del Estado, además de reclamar al Supremo que ordenara el pasaporte mientras no se confirme oficialmente su salida de España. De hecho, 48 horas después el paradero del emérito sigue siendo una incógnita, ya que ni Zarzuela ni Moncloa han revelado dónde se encuentra el monarca.

«Máxima celeridad»

En un comunicado, la entidad que preside el encarcelados Jordi Cuixart pidió las instituciones involucradas que adviertan a Juan Carlos I de que su incomparecencia ante las autoridades «podrá provocar una orden de detención y la activación de los mecanismos de cooperación policial y jurisdiccional internacionales».

Además, la plataforma pidió al Supremo «máxima celeridad» para admitir a trámite la querella interpuesta hace un mes por Òmnium en contra del rey emérito, al tiempo que le instió a perseguir la corrupción.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, aseguró el martes que la justicia española vuelva a mostrar «su escandalosa arbitrariedad» por permitir que el Rey emérito abandone España de manera impune, según él.

«Estamos ante un escándalo democrático mayúsculo, una auténtica operación de Estado que ha organizado la fuga del Rey emérito con la participación activa del Gobierno», zanjó.

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