Sánchez convoca un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma


El Gobierno se prepara para declarar este domingo el estado de alarma, en un Consejo de Ministros extraordinario, después de que se lo hayan pedido diez Ejecutivos autonómicos -seis de ellos, del PSOE-, con el objetivo de tener cobertura jurídica suficiente para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente al incremento de contagios de la covid-19, según informan fuentes de Moncloa.

Tras advertir de la gravedad de la situación, a las 11.00 horas de este sábado ya le habían pedido que diera este paso País Vasco, Cataluña, Cantabria, las comunidades gobernadas por el PSOE de Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, así como la ciudad autónoma de Melilla.

La intervención de Sánchez en el día de ayer desencadenó una caótica cascada de peticiones casi inmediatas (País Vasco lo reclamó menos de una hora después de que hablara el presidente). En realidad, las palabras de Sánchez no habían significado ninguna variación del marco jurídico respecto a la situación anterior ni eliminaban obstáculos a la declaración del estado de alarma. Todo seguía igual. Desde hace meses, el presidente del Gobierno ha invitado a las comunidades autónomas a pedir esta figura constitucional, pero hasta este viernes ninguna se había atrevido a hacerlo por temor a las consecuencias políticas de decretar las restricciones.

Con los peores datos de la segunda ola de la pandemia, la situación ha cambiado y el estado de alarma se ha vuelto un instrumento imprescindible para tomar medidas.

Cada comunidad quiere el estado de alarma para sus propios fines, pero sobre todo, para blindarse jurídicamente a la hora de establecer restricciones, después de que los tribunales hayan expresado su rechazo, a través de resoluciones, a algunas de las medidas puestas en marcha por los ejecutivos regionales. Así lo señaló este viernes la presidenta de Navarra, María Chivite, que aseguró que su autonomía necesita «disponer de cobertura legal para poder adoptar otras medidas que vayan más allá de las actuales en vigor». En la misma línea se pronunció la presidenta de La Rioja, Concha Andreu: «El estado de alarma significa una sola cosa: disponer del amparo legal para poder adoptar las medidas que sean necesarias para atajar la curva de contagios. Necesitamos certezas y actuar en un marco normativo que nos ampare ante la adopción de decisiones firmes».

País Vasco, por ejemplo, busca un paraguas legal para evitar reveses judiciales como el que recibió hace una semana. Entonces ordenó la reducción de aforos, la limitación del número de personas en las reuniones y el cierre temprano de la hostelería, pero su Tribunal Superior de Justicia echó para atrás la resolución al entender que vulneraba derechos fundamentales. Ahora, podrá hacerlo.

Cataluña, cuyo Gobierno se reunió de urgencia por la tarde, quiere el estado de alarma para aplicar el toque de queda desde las once de la noche hasta las seis de la mañana. Asturias, que este viernes decretó el confinamiento perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés, también quiere restringir la movilidad nocturna, igual que Extremadura.

LAS CLAVES: Instrumento – ¿Qué permite el estado de alarma?
Es un instrumento contemplado en la Constitución para situaciones como «crisis sanitarias, tales como epidemias». Permite, entre otras medidas, «limitar la circulación o permanencia de personas en horas y lugares determinados», por lo que autoriza confinamientos y toques de queda.
Pasos – ¿Cómo se decreta este instrumento?
La declaración se lleva a cabo mediante un decreto del Consejo de Ministros. Su duración máxima es de quince días y, en caso de necesidad, se puede prorrogar con la autorización del Congreso. Para hacerlo se precisa de mayoría simple; es decir, basta con obtener más síes que noes.
Extensión – ¿Se debe aplicar en todo el territorio?
El decreto debe determinar el ámbito territorial en el que se aplicará, que no tiene por qué comprender todo el país. De hecho, hay un precedente muy reciente. Hace dos semanas se declaró el estado de alarma exclusivamente para la Comunidad de Madrid.
Control – ¿Quién se pone al frente?
La Constitución establece que la autoridad competente es el Gobierno central. Sin embargo, se contempla que pueda delegarse en los Ejecutivos autonómicos. Eso sí, solo cuando el estado de alarma se esté aplicando «exclusivamente» en ese territorio en concreto.

La mayoría de las comunidades que solicitaron el estado de alarma reclamaron al Gobierno que lo declare para todo el país. Una medida así debe «adoptarse en el marco de un consenso entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España», indicó la navarra María Chivite. «Es necesario que haya una declaración del estado de alarma que afecte al conjunto del Estado», destacó Urkullu. «Esta situación requiere una horma nacional. El barco necesita capitán y aunque las comunidades autónomas gestionamos el estado de alarma no puede haber 17 estados de alarma. España no puede ser un puzle», declaró, por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Sin solicitar todavía el estado de alarma, otras comunidades endurecieron este viernes sus restricciones y plantearon toques de queda ‘encubiertos’. La Comunidad de Madrid prohibió reuniones en toda la región en espacios públicos y privados desde las 00:00 horas a las seis de madrugada, a excepción de convivientes, y volvió a restringir la movilidad en 32 zonas básicas de salud (ZBS), que cuentan con una incidencia de coronavirus de 500 casos por 100.000 habitantes. Castilla y León también prohibió este viernes salir a la calle entre las 22:00 horas y las 6:00.

Por la mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había reconocido estar estudiando las «opciones jurídicas» para facilitar los toques de queda, pero en principio requerirían un estado de alarma para dar encaje legal a las restricciones a la movilidad.

Una prórroga requiere la autorización obligada del Congreso

M. E. Alonso | Madrid

El estado de alarma vuelve a estar en el centro del debate político. Son varias las comunidades que han pedido al Gobierno hacer uso de esta herramienta constitucional para frenar el empuje de la pandemia. El 26 de agosto Pedro Sánchez ya ofreció este mecanismo a las autonomías si lo necesitaban.

El jefe del Ejecutivo explicó entonces que serían los propios líderes regionales los que tendrían que defender esa petición en el Congreso y, en caso de ser necesaria una prórroga, para la que es imprescindible la autorización de la Cámara baja, contarían con el respaldo parlamentario del Gobierno. Tanto la duración como las medidas que se apliquen durante la misma tienen que ser aprobadas por mayoría.

El Ejecutivo contaría de entrada con los 155 diputados del PSOE y Unidas Podemos, más los diez de Ciudadanos, que este viernes, a través de Arrimadas, se ofrecieron a respaldar esta medida excepcional para contener la segunda ola de coronavirus. También podría contar con el respaldo de los partidos minoritarios, como pasó durante el estado de alarma que el Gobierno impuso en todo el ámbito nacional, y con el del PNV.

Aunque Esquerra y Junts per Catalunya ya advirtieron a Sánchez de que el estado de alarma limitaba derechos fundamentales y apostaron por modificaciones en las actuales leyes sanitarias, que la Generalitat lo haya solicitado hace presuponer que de solicitar una prórroga lo apoyarían con sus votos en el Congreso.

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