Galicia abre la puerta a multas de hasta 60.000 euros por no vacunarse


El Parlamento Gallego, con el apoyo de la mayoría absoluta del PP, aprueba hoy una proposición de ley para poder sancionar con hasta 60.000 euros de multa a aquellos que se niegue a vacunarse, no solo contra la covid sino contra cualquier otro virus futuro. Este proyecto legislativo no cuenta con el visto bueno del Gobierno central, que, aunque apoya incentivar por todos los medios la inoculación masiva, sin embargo cree que esta proposición para modificar la Lei de Saúde tiene visos de no pasar los filtros del Constitucional, al vulnerar derechos fundamentales sin amparo alguno de una ley orgánica y contradecir normativas nacionales. Una opinión que comparten desde la oposición los socialistas y nacionalistas, amén de numerosos juristas.

El texto, registrado en la cámara el pasado noviembre, sostiene que la negativa a inmunizarse constituye, por norma general, una “infracción leve”, castigada con entre 1.000 y 3.000 euros de multa, al entender que ese rechazo es “injustificado” en cuanto se trata de “someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley”. No obstante, el nuevo texto abre la puerta a considerar como sanción grave, y por tanto multada con entre 3.000 y 60.000 euros, la negativa a inocularse cuando esta acción “pueda suponer un riesgo o un daño grave para la salud de la población”.

El texto -recalcan fuentes de los servicios jurídicos del Estado- al margen de la supuesta vulneración de derechos fundamentales adolece de otros defectos, como no especificar en ningún caso cuándo se entiende que el rechazo a la inoculación supone un “daño grave” para el resto de la ciudadanía.

Esta proposición de ley en la cámara gallega es la respuesta del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, uno de los que ha decretado medidas más restrictivas contra la pandemia, a la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de estudiar una reforma de la ley orgánica de salud para sancionar a los negacionistas de las vacunas y poder emplear mayor dureza con las personas que no acatan las directivas para frenar la expansión del virus.

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